¿Qué es el derecho al olvido?


El derecho al olvido parte de un concepto o una definición ya del año 1890 en que un jurista norteamericano, Louis Brandeis, lo definió como “the right to be let alone”, el derecho a que te dejen estar solo o en paz; un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la intimidad, a la privacidad, a que nadie haga con tus cosas o tus datos lo que desee, a no ser que exista un motivo legal que lo ampare.

Así pues, como ya hemos comentado en alguno de nuestros artículos, y repetimos aquí, nadie puede tratar tus datos sin tu consentimiento, a no ser que un motivo legal lo ampare. En virtud de este hecho, tenemos derecho a exigir tanto la información que otros tienen sobre nuestros datos (derecho de acceso); como a rectificarlos (si no están bien); como a oponernos a que traten esos datos (decir “basta” al tratamiento a partir de una fecha, por ejemplo); así como a cancelarlos, es decir, a que los bloqueen para que nadie que no esté autorizado, pueda tratarlos. Estos son los conocidos como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que frecuentemente veremos en formularios que rellenamos con nuestros datos.

En esta línea, el derecho al olvido se configura como el derecho a borrar nuestro rastro; un derecho relativamente fácil si hablamos de papel o informático hasta hace unos años, pero que se ha complicado con la aparición de nuevas tecnologías como Internet. Así, en ésta, desaparecer, hoy en día, es prácticamente imposible y dependerá de cada caso.

Curiosamente la semana pasada se publicó el Informe que emitió el Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo, por las cuestiones planteadas en el caso Google respecto a un ciudadano español, en el que la Agencia Española de Protección de Datos había estimado el derecho del particular a exigir el borrado de estos datos en los resultados de los motores de búsqueda del gigante norteamericano.

En este informe, el Abogado no ve claro el derecho del ciudadano a exigir el borrado de sus datos: en primer lugar, porque la información se publicó en un medio impreso y esa información era legal; y ahora no cabe llevar al extremo un derecho tan privado, puesto que no se trata de información ilícita ni ilegal; sino desfasada.  En segundo lugar, el abogado considera que atender a la petición de este particular en este caso, sería ir en contra de los derechos a la libertad de expresión y a la información, por lo que su recomendación es no proceder a la eliminación de esa información; ni en los medios ya publicados ni, si resulta de ello, en los buscadores. Lo compara a que si se modifica esta información en el medio publicado originalmente, así como en su versión digital o lo que resulta de los buscadores, sería faltar a la veracidad de la historia.

Desde mi punto de vista, el abogado tiene parte de razón: por un lado, la información fue originalmente publicada en el medio impreso y online, y en base al derecho a la libertad de expresión e información, no cabe modificar lo que ya fue publicado. Ahora bien, respecto a lo que resulta de las búsquedas, tal vez, si no se puede eliminar, porque supone muchas dificultades técnicas, debería quedar muy claro, como mínimo, que esa información es antigua puesto que lo contrario, desde un punto de vista moral y económico, puede estar causando un perjuicio a esta persona. Por ello, no es tanto que la información que salga sea legal o no sino cómo afecta en el momento de la búsqueda al ciudadano.

Desconozco si existe un sistema que agrade tanto al ciudadano como a este tipo de proveedores de servicios, en el que no se quebrante ninguno de sus respectivos derechos. Espero que el Tribunal de Justicia Europeo en su resolución a las cuestiones prejudiciales planteadas en este caso y en la nueva Directiva Europea de Protección de Datos que en la actualidad se esté tramitando, queden aclarados y clarificados estos conceptos,  esenciales y un tanto urgentes, a mi parecer, para nuestro día de hoy.

La Agencia Española se pronunció inmediatamente tras la publicación del mencionado informe, indicando que también había que estar a la espera de lo establecido por el Tribunal pero que, en cualquier caso:

– Las resoluciones que dicta, en las que ampara a los ciudadanos que solicitan que se ponga fin a la difusión de sus datos personales, no interfieren en ningún caso en las libertades de expresión y de información, puesto que se deniegan las solicitudes  que versan sobre informaciones actuales o que poseen algún grado de  relevancia o interés público.

– Únicamente se conceden los casos en que, tras el oportuno análisis del caso concreto, se concluye que se trata de informaciones personales que, además de ser obsoletas, carecen de cualquier relevancia o interés público y su difusión generalizada está generando una lesión de los derechos del solicitante. Por otra parte, en ningún caso se requiere la modificación o alteración de las fuentes originales, sino únicamente que se ponga fin a su difusión general a través de los buscadores.

Veremos en qué sentido se pronuncia, pues, el tribunal.

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4 pensamientos en “¿Qué es el derecho al olvido?

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